En varias regiones del Perú, hasta el 70 % del presupuesto depende de las transferencias por minería. Sin ese flujo, los gobiernos regionales y los municipios verían limitado el presupuesto disponible para ejecución de obras en beneficio de su localidad.
El presupuesto de muchos gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales no se explica sin el canon y las regalías mineras. En Moquegua, estos recursos representan hasta el 90% del total disponible para ejecutar obras, es decir, nueve de cada diez soles del financiamiento de obras, provienen directamente de la actividad extractiva minera.
Solo en 2025, la región Moquegua recibió poco más de 1,290 millones de soles por canon y regalías mineras vinculadas a la actividad de las minas Cuajone de la empresa minera Southern Perú y la mina Quellaveco de Anglo American. En términos presupuestales, estas transferencias explican más del 90 % del gasto regional y una proporción aún mayor en los municipios distritales y provinciales.
Sin embargo, en Moquegua persisten los niveles anemia, superando el promedio nacional, mientras que los servicios básicos siguen siendo insuficientes en algunas zonas críticas de la región.
Los problemas
El canon sirve para financiar infraestructura y también para garantizar el funcionamiento cotidiano del Estado en las regiones. Pero esta dependencia también tiene costos. Las regiones altamente vinculadas al canon son más vulnerables a los cambios en el sector, que son afectados sobre todo por la volatilidad de los precios internacionales de los minerales. Cuando los ingresos caen, los presupuestos disminuyen; cuando aumentan, ocurre lo contrario.
A ello se suma un problema más difícil de enfrentar, la limitada capacidad de gestión y la baja calidad del gasto. Estos recursos no siempre se destinan a cerrar brechas sociales ni a atender las necesidades de la población, así, regiones y municipios con presupuestos millonarios tienen dificultades para ejecutar obras de calidad.
La región Moquegua no es ajena a la crisis en la eficiencia de gasto público. De acuerdo a ComexPerú, a finales del 2025, Moquegua ocupaba el puesto 12 del ranking nacional, con 51 obras paralizadas con un presupuesto truncado de 1 199 millones de soles. Entre las obras paralizadas figuran los 115 kilómetros de la carretera pendientes de asfalto en la ruta Moquegua–Omate–Arequipa y el camal municipal de Mariscal Nieto.
Un ejemplo de obra cuyo presupuesto y plazo de ejecución se extendió más de lo previsto es la construcción del camal municipal ejecutada por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. El proyecto comenzó en 2019 con un presupuesto de 39 millones de soles y un plazo de ejecución de 660 días. Hoy lleva poco más de 5 años sin culminar y su presupuesto se incrementó a 58 millones de soles.
Otro ejemplo. En agosto de 2025, el alcalde del distrito de San Antonio en la provincia de Mariscal Nieto, Eulogio Santos Villegas, inauguró un parque temático en un área de 3 mil metros cuadrados. Contagiado por la fiebre de la tendencia y la popularidad, ideó un parque en homenaje al Capibara, para ello destinó 10 millones de soles del canon minero, además el municipio viene ejecutando el primer parque temático en homenaje a Dragon ball con un presupuesto de 26 millones de soles, recientemente, inauguró un parque temático alusivo al amor, con un presupuesto que bordeó los 12 millones de soles.
El economista Javier Flores Arocutipa señala que las obras de impacto superan presupuestos por encima de los 500 millones de soles. Anualmente, Moquegua podría cubrir el costo de dos obras de gran impacto, sin embargo, el dinero se distribuye entre los gobiernos provinciales y distritales. “No veo que haya proyectos emblemáticos e importantes a nivel de Moquegua con un impacto regional”, sostuvo en diversos medios de prensa.
Encontrar ese equilibrio depende de la continuidad del modelo de financiamiento que sostiene a las regiones. Porque, en la práctica, el canon es la columna vertebral del gasto público descentralizado y, como toda columna vertebral, su estabilidad también depende de la estabilidad política y económica del país. A ello se suman medidas urgentes para fortalecer los controles institucionales y prevenir actos de corrupción.
