Un reciente estudio del Centro Wiñaq concluyó que la mayoría de los ciudadanos peruanos votaría por un candidato que aplique medidas para reducir la minería no formal. Esa mayoría exige control esa actividad a la que asocia con la inseguridad, la contaminación ambiental y la corrupción.
Según un reciente estudio del Centro Wiñaq sobre el impacto político de la minería ilegal, a ningún candidato presidencial o congresal le conviene estar del lado de esa actividad ilícita. Eso se debe a que, para la mayoría (65,8 %), de acuerdo con los resultados de encuestas y focus group, la minería ilegal es percibida como destructiva, muy contaminante, violenta y ligada a redes criminales. En contraste, solo el 16,9 % dijo que esta actividad es positiva para el país porque crea empleos y tiene poco impacto en el medioambiente. Para la mayoría, esta minería aumenta el crimen, tanto en áreas específicas o en todo el país.
Apoyar la minería ilegal haría que varios candidatos pierdan a sus electores, quienes se manifestaron en contra de esta actividad. Por ejemplo, el 68,8 % de los votantes de Keiko Fujimori considera que la minería informal es negativa para el país, así como el 80 % de los electores de Rafael López Aliaga, el 70 % de Carlos Álvarez, el 80 % de López Chau, el 58 % de Phillip Butters, entre otros.
Por esa razón, la mayoría de los ciudadanos (54,6 %) afirmó que, en las elecciones generales del próximo año, votaría de preferencia por un candidato que proponga controlar y restringir las actividades de la minería informal e ilegal en el país. Este hallazgo es relevante porque obligará a los partidos y candidatos con vínculos con gremios de mineros ilegales camuflados en la informalidad a replantear su postura respecto de esta actividad. No hay que olvidar que este sector perjudica al Estado peruano al evadir el impuesto a la renta por 5.200 millones de soles, de los cuales el 50 % debería llegar a las cuentas de los gobiernos regionales y municipales, para luego traducirse en obras para los ciudadanos.
Para el Centro Wiñaq, esta respuesta es parte de una extensión del enfoque de “mano dura” que la población demanda para controlar los efectos de las economías ilegales en la inseguridad ciudadana, que va en aumento. En cambio, cuando se les preguntó si votarían por un candidato que defienda la minería ilegal, solo el 8,9 % respondió que sí. “La gente no está reconociendo a ningún político por apoyar a la minería informal. No hay capitales políticos que estén ganando. Lo están viendo de manera muy negativa”, dijo Franco Olcese, socio del Centro Wiñaq.
Asimismo, según el estudio, existe la percepción de que la minería ilegal ejerce una fuerte influencia negativa en el Congreso y que, para evitar esa influencia, los ciudadanos votarían por un candidato que la controle o la restrinja. El 70,2 % consideró que los congresistas que respaldan propuestas vinculadas a este tipo de minería —que se realiza sin controles legales, tributarios ni ambientales— lo hacen porque reciben financiamiento de actores ilegales.
El estudio también reveló que la mayoría de los ciudadanos (60,5 %) opinó que ninguna de las bancadas está haciendo un buen trabajo respecto de la minería ilegal, mientras que el 22 % dijo que no está informado sobre el tema.
La minería ilegal se ha convertido en un problema medular para el país, profundamente arraigado en la percepción ciudadana. De cara a las elecciones presidenciales, los peruanos tienen claro que no respaldarán a candidatos que defiendan esta actividad ilícita. La exigencia de control y restricción refleja una demanda colectiva por mayor seguridad, legalidad y justicia.
