El nuevo ciclo de altos precios de los minerales volverá a elevar las transferencias a regiones y municipios. El desafío de las autoridades que asumirán en 2027 será usar esos recursos para cerrar brechas y generar desarrollo.
Hasta julio de este año, los gobiernos regionales recibieron más de 2 500 millones de soles por canon y regalías mineras, mientras que los municipios superaron los 9 000 millones. Todo indica que el superciclo de los precios de los minerales seguirá elevando estas transferencias durante los próximos años.
Las nuevas autoridades regionales y municipales, que asumirán en enero de 2027, administrarán más recursos. El reto será convertirlos en desarrollo sostenible. Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, sostiene que estos recursos deben formar parte de una estrategia regional de largo plazo que reduzca desigualdades y disminuya la dependencia de los precios de los minerales.
Para Castilla existe una contradicción evidente entre los ingresos que genera la minería y los beneficios que percibe la población. "Hay un divorcio muy grande entre los recursos transferidos por canon y regalías y el cierre efectivo de brechas sociales", afirma.
Explica que la amplia autonomía de los gobiernos subnacionales permite que muchos destinen el canon a proyectos alejados de las necesidades más urgentes. Así, mientras algunos municipios reciben cientos de millones de soles por actividad minera, todavía existen comunidades sin agua potable, alcantarillado, servicios de salud o infraestructura educativa adecuada.
En cambio, gran parte del presupuesto termina convertido en estadios, plazas, losas deportivas y otras obras de bajo impacto. A eso se suma la atomización del gasto. En lugar de concentrar recursos en proyectos que transformen una localidad, muchas municipalidades realizan pequeñas inversiones que consumen presupuesto sin mejorar las condiciones de vida de la población.
El riesgo del clientelismo
Castilla también cuestiona el uso excesivo de la administración directa. Bajo esta modalidad, los gobiernos locales ejecutan las obras sin procesos de licitación y actúan como empresas constructoras al contratar directamente personal, maquinaria y servicios.
Diversos estudios, señala Castilla, muestran que este mecanismo favorece el empleo temporal con fines políticos, alimenta redes de clientelismo y eleva los riesgos de corrupción. Para el exministro, el país también debe dejar atrás la idea de que el desarrollo depende únicamente del cemento. Carreteras, hospitales y colegios siguen siendo indispensables, pero ya no bastan.
Las inversiones con mejores resultados sociales son las que mejoran la vida y fortalecen las capacidades de la población: agua potable y saneamiento, salud y nutrición infantil, educación de calidad, conectividad vial y digital, electrificación y otras que impulsen la producción regional y generen empleo privado.
Castilla también propone ampliar el uso del canon a proyectos productivos que mejoren la competitividad regional y fortalezcan las cadenas agrícolas, industriales y de servicios, siempre que no generen gastos permanentes para el Estado. Advierte que sería un error utilizar estos recursos para financiar burocracia o crear nuevas plazas laborales. "Los ingresos volátiles deben financiar inversiones temporales y no gastos permanentes".
Según el economista, el nuevo ciclo de ingresos mineros exige revisar la Ley del Canon para que estos recursos ayuden al cierre de brechas y al desarrollo productivo, y fortalecer el planeamiento regional para impedir que cada nueva gestión abandone proyectos estratégicos y priorice obras de corto plazo.
Castilla sostiene que el próximo quinquenio ofrece una oportunidad difícil de repetir. Si el canon se invierte con visión de largo plazo, se traducirá en mejor educación, salud y desarrollo productivo. Si no, la bonanza minera volverá a dejar miles de millones de soles en obras que no mejoran la vida de la población.
