La explosión en el sistema de transporte de gas de Camisea dejó taxis incendiados, empresas sin suministro, largas colas por balones de GLP y pérdidas por US$2.800 millones. El accidente evidenció la fragilidad de la seguridad energética del país. Se volvió a hablar de la urgencia de construir el gasoducto al sur, mientras expertos advierten que las reservas de gas podrían agotarse en quince años.
Dos autos taxi incendiados en Lima por usar gas licuado de petróleo (GLP) en vez de gas natural vehicular (GNV); empresas sin suministro o con restricciones en el suministro de gas; millones de familias en todo el país haciendo colas por un balón de GLP que subió de precio; y pérdidas por 2.800 millones de dólares. Este, en un resumen apretado, ha sido el resultado de la deflagración registrada en la estación de válvulas y en la tubería principal del sistema de transporte de gas operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco).
El accidente dañó entre 20 y 30 metros de los tubos de gas y líquidos y provocó la paralización temporal de la producción de gas natural y GLP. Al mismo tiempo, puso en debate la necesidad de reevaluar las políticas estatales para garantizar la seguridad energética del país.
Del gas de Camisea, que se extrae de la selva del Cusco desde 2004, depende más del 40 % de la energía eléctrica y gran parte del abastecimiento nacional de este combustible, más barato y menos contaminante.
Hasta el cierre de esta nota, la reparación de la tubería alcanzaba el 48 %. Para la quincena, el sistema debería estar operativo nuevamente. El presidente José María Balcázar dijo que desde este fin de semana empezarían a normalizarse el suministro de gas.
El problema de fondo
Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas, dijo en el pódcast de César Hildebrandt que el problema empieza porque no se construyó el proyecto de redundancia del gasoducto de TGP. En 2011, recordó Gamio, sumaron ese componente al proyecto del Gasoducto Sur Peruano, concesionado a Odebrecht, que posteriormente quedó paralizado.
A estas alturas, según Gamio, el proyecto del ducto al sur parece ya inviable. En su concepción se basaba en dos principales demandas: la petroquímica del etano, para la que no quedan moléculas necesarias, y dos centrales térmicas que todavía son viables. “Eso lleva a hacer un ducto de menor dimensión y a menor costo”, dijo.
Sin embargo, desde el gobierno solo anunciaron medidas de corto plazo. Nada sobre reactivar el proyecto de redundancia ni el gasoducto al sur.
Cuando la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, habló del tema, solo mencionó algunas medidas para enfrentar la escasez de energía y garantizar el abastecimiento. El gobierno autorizaba la liberación y flexibilización de las mezclas de combustibles con biocombustibles y otras exigencias en la producción de hidrocarburos para ampliar la disponibilidad en el mercado.
Asimismo, se aplicaba la racionalización del gas natural, priorizando el suministro a más de dos millones de hogares y a sectores esenciales como salud, industria alimentaria, servicios básicos, telecomunicaciones, transporte y logística, sistema financiero, entre otros. El gobierno también incrementará el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra del balón de gas de 10 kilos y aplicará una medida de compensación para taxistas cuyos vehículos funcionan con gas natural.
Propuestas de candidatos
El accidente ocurre en periodo electoral. Pese a ese contexto, pocos candidatos han propuesto medidas concretas en materia energética. Desde el Cusco, Alfonso López Chau, candidato de Ahora Nación, solo se animó a exigir al gobierno hacerse presente en la zona del accidente.
En los planes de gobierno de la mayoría de los candidatos se coincide en que el país necesita fortalecer su seguridad energética y aprovechar mejor el gas natural. Las propuestas repiten una misma idea con distintos matices: masificar el acceso al gas, ampliar las redes de distribución y reducir la dependencia de combustibles más caros.
Varios postulantes plantean llevar el gas a más ciudades, abaratar su costo para hogares e industrias y convertirlo en el eje de una política energética que garantice abastecimiento estable y precios competitivos.
Otra coincidencia atraviesa casi todos los programas: destrabar o reactivar el gasoducto del sur. Algunos candidatos lo presentan como la obra clave para cerrar la brecha energética entre Lima y el sur andino. Con ese proyecto buscan llevar el gas de Camisea a regiones como Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, impulsar la industria, ampliar el consumo doméstico y abrir la puerta a un polo petroquímico en el sur.
En la mayoría de las propuestas, el gasoducto no aparece solo como infraestructura energética, sino como una apuesta para dinamizar la economía regional y equilibrar el desarrollo del país.
Una salida inmediata
En esta situación, la alternativa más inmediata para llevar gas a más hogares del país consiste en construir pequeños ductos o transportar el combustible en camiones, lo que se conoce como gas virtual.
La empresa Cálidda, que actualmente distribuye gas natural en Lima y Callao, desarrolla una propuesta para expandir el suministro de gas natural a siete regiones: Junín, Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Huancavelica.
La estrategia incluye el uso de camiones cisterna y la instalación de una Planta Satélite de Regasificación. Según el proyecto, a Ucayali y Ayacucho llevarán el gas por medio de ductos; en Ayacucho se conectarán a un ramal de TGP; en Ucayali lo harán vía Aguaytía; y al resto de las regiones mediante camiones cisterna.
El gas natural, a diferencia del GLP, es una alternativa económica para hogares y negocios. Un hogar en Lima paga aproximadamente 20 soles por gas natural, en contraste con los 50 soles de un balón en ciudades de regiones y hasta 150 soles en localidades alejadas de los centros urbanos. Esta diferencia representa un ahorro significativo para las familias.
Cálidda ha permitido el acceso al gas a ocho millones de peruanos, 36.000 comercios y 120.000 vehículos, además de conectar gratuitamente a más de 2.000 comedores populares. La compañía cuenta con cerca de 19.000 kilómetros de redes entre polietileno y acero.
El gasoducto del sur postergado
En esta campaña, el tema del gas está menos presente que en las últimas cuatro elecciones. Desde 2011, el gas siempre estuvo en el centro del debate. Desde Ollanta Humala, pasando por Pedro Pablo Kuczynski, hasta Pedro Castillo prometieron llevar gas al sur mediante un gasoducto. Ninguno, sin embargo, lo consiguió.
La historia de las promesas sin cumplir comenzó en marzo de 2008. Kuntur Transportadora de Gas presentó su propuesta para construir el Gasoducto Andino del Sur. Seis meses después, el gobierno de Alan García aprobó el proyecto y, un mes más tarde, lo concesionó por un plazo de 30 años.
El ducto de 33 pulgadas tendría 743 kilómetros. Kuntur iba a invertir 1.334 millones de dólares y entregó una carta fianza de 64 millones. La red principal recorrería desde Malvinas, en La Convención, hasta Puno, Arequipa y Moquegua. En el trayecto dejaría válvulas para los ramales a Cusco, Juliaca, Matarani e Ilo.
Hasta ese momento parecía que el viento soplaba a favor. Tal vez los problemas empezaron con la compra del 51 % de las acciones de Kuntur por parte de Odebrecht, en abril de 2011.
Al poco tiempo, Kuntur quiso modificar el contrato. Le pidió al gobierno que garantizara reservas de gas para disminuir el riesgo de su inversión. Una comisión del gobierno respondió que el pedido no era legal. Las negociaciones se estancaron.
Kuntur insistió y el gobierno conformó una segunda comisión. Mientras tanto, Odebrecht absorbió todas las acciones de Kuntur. Para entonces, las negociaciones se habían congelado por completo.
El tiempo pasó y el segundo gobierno del APRA terminó sin que comenzara la construcción del gasoducto.
En los meses anteriores, durante la campaña, el nacionalista Ollanta Humala prometió en plazas y mítines que él sí construiría el gasoducto al sur. Seis de cada diez cusqueños votaron por Humala en primera vuelta; en el ballotage fueron casi ocho de cada diez. En el sur, fueron cinco de cada diez en primera vuelta y siete de cada diez en la segunda.
Poco después, su ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, solicitó a Proinversión incorporar en su cartera el proyecto “Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP)”. Proinversión obedeció, a pesar de la vigencia de la concesión de Kuntur, y esta empresa renunció al proyecto a los pocos meses. Solicitó la terminación de la concesión, pidió transferir sus bienes y estudios y la devolución de la garantía de 64 millones de dólares. El gobierno aceptó.
Así desapareció el Gasoducto Andino del Sur y empezó el GSP. El consorcio Gasoducto Sur Peruano (Odebrecht y Enagás) ganó la concesión en julio de 2014. Graña y Montero se uniría después al consorcio con el 20 % de las acciones. Odebrecht tenía el 55 % y Enagás, el 25 %.
La foto del presidente Ollanta Humala en Quillabamba, descubriendo una tela roja para mostrar un tubo que simbolizaba que el gas, por fin, llegaría a las casas, negocios y empresas del sur, se convirtió en un símbolo de engaño.
La empresa obtuvo los permisos, trasladó los tubos y removió el suelo húmedo en los valles amazónicos de La Convención, así como en las montañas rocosas de los Andes en Calca. Inició el tendido y la soldadura de la tubería principal. Pero la obra quedó en la nebulosa con el escándalo del caso Lava Jato en Brasil. Odebrecht, accionista mayoritario del consorcio, enfrentaba problemas económicos. No podía acreditar el cierre financiero dentro de los plazos. No tenía dinero ni acceso a préstamos. Dejó de ser una empresa confiable para los bancos y para el gobierno peruano, que decidió terminar la concesión.
En enero de 2017, la empresa cesó a sus trabajadores y retiró la maquinaria de las zonas de trabajo. Los campamentos fueron desarmados y, en algunos almacenes al aire libre, quedaron tubos apilados. La obra tenía 37 % de avance.
Nada cambió, o no mucho, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Él también ganó las elecciones prometiendo el gasoducto. Su ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció el Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), un nombre nuevo para el antiguo GSP. Proinversión contrató a la consultora Mott MacDonald para el estudio del trazo y las mejores condiciones. Tenía un año para hacerlo, pero no cumplió. Después, poco se hizo para reactivar el proyecto gasífero.
¿Se agotan las reservas?
Otra preocupación es que el país, en el corto plazo, podría enfrentar una escasez de reservas de gas. Pedro Gamio dijo a Hildebrandt que quedan reservas solamente para los próximos quince años y que, si se instalara una nueva central térmica a gas, este periodo podría reducirse a siete u ocho años, porque el sector eléctrico “devora el gas”.
Eso se debe a que el gobierno paralizó la exploración de reservas de gas en el yacimiento Candamo, ubicado en Madre de Dios, donde se estiman reservas certificadas de entre 3 y 3.5 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas natural y condensados.
Ya en agosto de 2025, el presidente del directorio de Perupetro, Pedro Chira, dijo que la producción nacional de gas natural era de 1.300 millones de pies cúbicos diarios y que las reservas no se estaban reponiendo, porque no existían contratos activos de exploración.
“Si no incorporamos nuevas reservas en el corto plazo, enfrentaremos una producción declinante que nos colocará en una situación crítica de dependencia energética hacia el 2037”, señaló entonces Chira. Eso quiere decir que, a partir de 2037, el Perú debería comenzar a importar gas natural, lo que impactaría significativamente en los costos de generación eléctrica.
Para que eso no suceda, según Gamio, “se debe promover la exploración para completar y con eso tener 4 TCF o, en un escenario optimista, duplicar las reservas de Camisea con Candamo”.
Ahora bien, según el optimista Ministerio de Energía Minas, el Perú dispone de recursos prospectivos de gas natural que superan los 43 trillones de pies cúbicos (TCF), de los cuales casi la mitad se concentran en Madre de Dios, con 20.4 TCF.
También se menciona un potencial aún no explorado en Camisea, donde Perupetro estima hasta 5 TCF adicionales en zonas cercanas a los lotes 57 y 88, además de la puesta en valor comercial de 3.5 TCF en el Lote 58.
Todo, sin embargo, son cifras que no se traducen en actividades de exploración para confirmar la existencia de esas reservas ni la viabilidad técnica, ambiental y económica para su explotación antes de 2037.
Tampoco debemos olvidar, de acuerdo con Gamio, que el Perú necesita más de 260 mil barriles diarios de combustible, de los cuales solo produce poco más de 40 mil. “Somos importadores netos”.
