Pese a recibir cientos de millones por canon minero, Ica arrastra brechas en servicios básicos y baja ejecución histórica, lo que pone en cuestión la capacidad de sus autoridades para transformar recursos mineros en desarrollo real.
Ica es una de las pocas regiones del país donde la minería es una realidad consolidada. Desde Marcona sale el 100 % del hierro que produce el Perú, una actividad que durante años ha sostenido exportaciones millonarias, empleo formal y más del 21 % del PBI regional. Sin embargo, fuera de los balances macroeconómicos, la vida cotidiana en la región sigue marcada por carencias estructurales que las autoridades, pese a contar con montos millonarios del canon minero, no han logrado resolver.
La paradoja es que, a mayor producción minera, mayor flujo de recursos públicos; a mayor flujo de recursos, menores resultados visibles. En el primer trimestre de 2025, Ica recibió alrededor de S/250 millones por canon, regalías y derechos mineros, ubicándose entre las regiones que más dinero captan por esta vía. En todo el año, el presupuesto por canon bordea los S/769 millones, una cifra que la coloca en el podio nacional, solo por debajo de Áncash y Arequipa.
Pese a ello, el territorio no muestra una transformación proporcional. Persisten brechas en agua potable, saneamiento, salud e infraestructura vial, incluso en zonas directamente impactadas por la actividad minera. La riqueza fluye, pero no logra anclarse en el territorio en forma de servicios básicos ni proyectos de largo plazo.
El problema no es nuevo ni exclusivo de Ica, pero en esta región adquiere mayor peso por la magnitud de los recursos involucrados. En la última década, la ejecución promedio del canon minero apenas alcanzó el 55 %, lo que significa que casi la mitad del dinero disponible no se convirtió en obras concluidas. Expedientes técnicos deficientes, obras paralizadas, cambios constantes de autoridades y una débil capacidad de planificación explican buena parte de este cuello de botella.
Las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas muestran un contraste interno. En 2025, el Gobierno Regional de Ica administró S/174 millones por canon, sobrecanon y regalías, y logró invertir el 94,4 %. Para 2026, el monto asignado supera los S/175 millones.
Por ley, el canon minero solo puede destinarse a proyectos de inversión: colegios, hospitales, carreteras o infraestructura social. En teoría, se trata de una herramienta potente para cerrar brechas. En la práctica, su impacto se diluye en proyectos mal priorizados, diseños incompletos o gestiones que no logran sostener los procesos de inversión en el tiempo. A ello se suma una permanente sospecha de corrupción que erosiona la confianza ciudadana.
El debate, entonces, ya no gira en torno a si Ica recibe o no recursos suficientes por minería. Los recibe, y en grandes cantidades. La discusión de fondo apunta a la capacidad de las autoridades regionales y locales para administrarlos y convertirlos en desarrollo tangible.
