Mientras la minería ilegal expande su poder económico y político, los partidos que compiten en las elecciones de 2026 se dividen entre quienes proponen endurecer el control, quienes plantean facilitar la formalización y quienes apenas mencionan el problema en sus planes de gobierno. Según el Observatorio de Minería Ilegal, solo el 30 % tiene propuestas claras sobre este tema.
En el Perú no pasa un mes sin denuncias por contaminación o episodios de violencia asociados a la minería ilegal (y a veces informal). Diversos estudios advierten que esta actividad alimenta redes de crimen organizado, lavado de activos y trata de personas. En regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad, su expansión ha provocado disputas armadas por el control de socavones, extorsiones y asesinatos, mientras contamina ríos con mercurio, arrasa bosques y destruye territorios indígenas.
A pesar de este escenario, el tema apenas aparece en la campaña electoral. Según un informe del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), solo la tercera parte de los 36 partidos que compiten por en las elecciones 2026 presenta propuestas concretas para enfrentar esta actividad.
El OMI revisó los planes de gobierno e identificó tres grupos: Unos plantean medidas de control más estrictas; otros proponen políticas más favorables para los mineros informales; y algunos apenas mencionan el problema o lo omiten.
De acuerdo con el abogado César Ipenza, miembro del OMI, la revisión mostró qué organizaciones políticas hacen un esfuerzo por comprender la dimensión del fenómeno. “Hay quienes sí separan lo informal de lo ilegal, pero la mayoría no”, explicó.
Control y cierre del Reinfo
Los partidos que proponen medidas más duras son Salvemos al Perú y Avanza País. Ambos plantean cerrar definitivamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), fortalecer la fiscalización ambiental y perseguir el lavado de activos asociado al oro ilegal.
Sus propuestas incluyen terminar con las prórrogas del registro y reemplazarlo por un régimen de formalización con plazos estrictos. Buscan controlar la cadena de comercialización del oro mediante trazabilidad obligatoria, certificación de origen y mayor supervisión sobre plantas de beneficio y exportadoras. El objetivo es impedir que el oro ilegal ingrese al mercado formal.
Como complemento, proponen sancionar a operadores que no cumplan con estándares ambientales, tributarios y laborales, así como establecer cronogramas obligatorios de formalización e interdicción para los que permanezcan en el sistema sin avances.
Un enfoque más flexible
El grupo de partidos plantea un enfoque distinto. Podemos Perú, Venceremos y Juntos por el Perú proponen facilitar el acceso a financiamiento, asistencia técnica y mercados para quienes operan en condiciones informales.
Las iniciativas incluyen mecanismos para que el Estado participe en la compra de minerales o promueva circuitos de comercialización para pequeños productores, siempre que cumplan estándares básicos de trazabilidad o manejo ambiental.
Venceremos, por ejemplo, propone actualizar la ley de concesiones mineras para evitar el acaparamiento de tierras y establecer áreas destinadas al desarrollo de la pequeña minería.
Para estos partidos, es clave diferenciar al minero informal del operador ilegal vinculado a organizaciones criminales. La idea, según señalan, es integrar a los pequeños productores al sistema formal sin criminalizar su actividad. Sin embargo, especialistas advierten que esa frontera suele ser difusa, ya que redes ilegales operan utilizando registros o permisos de mineros en proceso de formalización.
El silencio de varios partidos
El informe del OMI identifica otros planes de gobierno que apenas mencionan la minería ilegal o no presentan medidas concretas para enfrentarla. El tema se diluye dentro de capítulos generales sobre minería, desarrollo productivo o ambiente.
Figuran en esta categoría Renovación Popular, Fe en el Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, cuya plancha presidencial quedó fuera de carrera tras la muerte de su candidato, Napoleón Becerra.
Según el Observatorio, esta ausencia preocupa si se considera el crecimiento de la economía del oro ilegal y su impacto en la seguridad, el ambiente y las instituciones del país.
Los rostros de los informales
Parte de ese silencio puede explicarse por la presencia de candidatos vinculados al sector en las listas al Congreso. Según un informe del medio Territorio Tomado, al menos 64 postulantes tienen el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigente o suspendido.
Se trata de voceros, asesores y operadores vinculados a organizaciones de mineros informales, así como de congresistas que promovieron las ampliaciones del registro y buscan la reelección.
Javier Bernal Salas, representante de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y vinculado a concesiones mineras en Carabaya, Puno, busca una curul en la Cámara de Diputados por Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga.
En Perú Libre, organización fundada por Vladimir Cerrón, se otorgó un cupo a Adolfo Valverde Calipuy, asesor de Confemin que postula como candidato a diputado por La Libertad.
Otro caso es el de Raúl Noblecilla, asesor legal de la Asociación de Mineros Ancestrales, organización vinculada a Confemin. Noblecilla integra la plancha presidencial con José Luna y al mismo tiempo busca un escaño en el Senado. Por ese mismo partido postula al Senado el congresista Guido Bellido, uno de los impulsores de las ampliaciones del Reinfo.
Poder político del sector
La presencia de este sector no se limita a las candidaturas. Según Territorio Tomado, varios partidos cuentan entre sus militantes con personas vinculadas al registro minero.
Alianza para el Progreso, de César Acuña, tiene 1.083 militantes asociados a 1.393 registros mineros. Le sigue Perú Libre, con 736 militantes vinculados a 943 registros, y Somos Perú, con 606 militantes relacionados con 773 registros dentro del sistema.
Estos datos muestran cómo la minería informal ha empezado a construir poder político propio, un fenómeno que influirá en el debate sobre la formalización minera, el futuro del Reinfo y la eventual discusión de una nueva Ley MAPE.
A ello se suma, según Nicolás Zeballos Trigoso, abogado y director de CriminologiaPe, la enorme capacidad de la minería ilegal para financiar estructuras políticas e influir en campañas electorales. “El oro tiene capacidad de financiar aproximadamente 36 campañas presidenciales”, dijo a Territorio Tomado.
El futuro del Reinfo
El destino del Reinfo es uno de los puntos centrales del debate. El registro fue creado para formalizar a los mineros informales, pero ha sido prorrogado en varias ocasiones pese a los escasos resultados.
Mientras algunos partidos plantean cerrarlo definitivamente y reemplazarlo por un nuevo régimen de formalización con plazos estrictos, otros proponen reformarlo para facilitar la formalización y vincularlo a financiamiento o asistencia técnica.
Diversos estudios del Instituto Peruano de Economía (IPE) y del propio OMI sostienen que el Reinfo ha terminado funcionando, en muchos casos, como un mecanismo de protección temporal para operaciones que no avanzan hacia la formalización y otras ilegales.
Las recomendaciones de los especialistas
Para el Observatorio de Minería Ilegal, enfrentar el problema exige intervenir en toda la cadena de valor del oro ilegal. Recomienda, entre otras cosas, mejorar la trazabilidad del mineral, reforzar el control sobre plantas de procesamiento y exportadoras, fortalecer las capacidades de fiscalización del Estado y combatir la corrupción que facilita la expansión de esta economía.
Sin reformas que cierren esos espacios, advierte el OMI, cualquier política contra la minería ilegal seguirá siendo limitada, incluso si aparece en los discursos de campaña.
