En el conversatorio “Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú- 2025”, se señaló que, desde 2003, la minería ilegal ha crecido hasta convertirse en una amenaza nacional. Genera miles de millones, contamina, explota personas y se asocia al crimen organizado, mientras el Estado pierde capacidad para enfrentarla y carece de información básica para actuar.
La minería ilegal empezó aproximadamente en 2003 y, desde entonces, ha crecido tanto que se ha convertido en una amenaza para la economía y la seguridad nacional. Es una actividad actualmente vinculada al sicariato, la extorsión, los ajustes de cuentas, la trata y explotación de personas, y la corrupción.
De este problema se ocupan especialistas, funcionarios y algunas autoridades. Ellos saben que esta actividad ocasiona daños ambientales, genera riesgos a la salud por el uso de mercurio y amenaza la vida de los peruanos.
Martín Arana, líder de Gestión Territorial Amazónica de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), es uno de ellos. Arana expuso en el conversatorio “Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú- 2025”, un reporte sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú entre 2003 y 2023.
Para elaborarlo, analizó 16 estudios sobre minería ilegal realizados en esos 20 años, los cuales abordaron las brechas entre exportaciones de oro y volúmenes de producción. Una tercera parte de los estudios fue publicada en 2024.
El especialista realizó estimaciones mínimas y máximas de los volúmenes de producción de oro y del valor de su comercialización. La producción mínima estimada entre 2003 y 2023 fue de 475.83 toneladas, con un valor de comercialización de 23,361.48 millones de dólares; la producción máxima fue de 3,620.09 toneladas, vendidas por 165,357.57 millones de dólares.
El auge de esta actividad empezó en 2014. El pico más alto de producción fue en 2018, y el de valor de comercialización, en 2023. Es probable que el año pasado se hayan batido todos los récords debido al aumento del precio del oro, que superó los 3,200 dólares la onza.
En contraste, mientras aumentaban las ganancias, los recursos públicos para luchar contra los mineros ilegales se redujeron en 37 % desde 2019. Ese año el presupuesto fue de 121 millones de soles, y para 2024 disminuyó a 89 millones. “Es como pretender matar dragones con matamoscas”, dijo Arana.
Se sabe poco
Uno de los problemas más graves, según Arana, para enfrentar a los ilegales, es que el Estado no cuenta con un sistema integral de monitoreo de la minería ilegal. No se puede entonces dimensionar, optimizar ni hacer efectivas las políticas públicas para combatirla.
“La falta de variables e indicadores para dimensionar la minería ilegal, acordes con la realidad, se refleja en la insuficiencia o ineficacia de las medidas”, anotó.
Al respecto, Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para la Conservación de ACCA, consideró importante la creación de un sistema de monitoreo integrado, como el que existe para el caso de la hoja de coca. Así sería más fácil contrastar los niveles de producción de oro con los de exportación. Dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Sunat deberían trabajar como parte de ese sistema.
Asimismo, Dante Vera, director y fundador de V&C Analistas, expuso la necesidad de que el Estado realice un censo para saber cuántos mineros hay, cuántos trabajan en las minas y en qué áreas. Solo así, dijo, se pueden dictar medidas efectivas.
La criminalidad
Con el secuestro, tortura y ejecución de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad, vimos el nivel de violencia que rodea a la minería ilegal.
Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías de Medio Ambiente (FEMA), reconoció que hay alrededor de diez lugares en el país donde, si no se toman medidas en el corto plazo, puede haber violencia como la de Pataz. “No estamos avanzando; estamos retrocediendo en tiempos en los cuales la criminalidad se está desbordando”.
Almanza también admitió que, a pesar del incremento de denuncias por minería ilegal y delitos afines, las tasas de sentencias son mínimas, debido a las normas que se aprobaron en el Congreso, y porque los recursos son escasos y las carencias, grandes.
Por ejemplo —dijo— la minería ilegal no puede ser investigada como organización criminal porque las penas no superan los cinco años, como se exige. “Minería ilegal es sacar oro, pero no es delito el transporte ni la venta. Son conductas típicas, pero no son sancionables. Tenemos absoluta carencia de normas”, explicó el fiscal.
Tampoco se pueden hacer denuncias a causa del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “Si queremos hacer una denuncia penal, el informal tiene un escudo protector que es el Reinfo, un Reinfo que pareciera que se quiere perpetuar”.
