Esta actividad le costará al país más de 5.200 millones de soles en impuestos no recaudados en 2025. Regiones como Apurímac, Puno, Arequipa y Madre de Dios dejarán de recibir canon minero para obras básicas, mientras miles de trabajadores siguen expuestos a condiciones laborales precarias y sin derechos.
La minería ilegal e informal generará pérdidas al Estado peruano por 5.200 millones de soles en la recaudación del Impuesto a la Renta (IR). El 50 % de ese impuesto se convierte en canon minero que se transfiere a los gobiernos regionales, provinciales y distritales: 2.600 millones de soles.
Quiere decir que los departamentos donde hay presencia de mineros informales e ilegales que extraen minerales y no pagan impuestos no recibirán canon.
La región Apurímac dejará de recibir 213 millones de soles; la región Puno, 460 millones; Arequipa, 450 millones; Madre de Dios, 240 millones; La Libertad, 215 millones; Ayacucho, 160 millones.
En estas regiones, la minería ilegal e informal se lleva el dinero que podría ser utilizado en obras para mejorar los servicios de salud, educación, carreteras, agua, desagüe, entre otros. Con el dinero que no recibirá cada región este año por la evasión tributaria, se podrían construir tres o cuatro colegios emblemáticos —que en promedio cuestan 60 millones de soles— o unos cuarenta colegios rurales, un hospital nivel II-2 —que suele costar 162 millones de soles— y aún quedaría presupuesto disponible para otras obras.
“Todas estas regiones se ven afectadas en su recaudación tributaria, lo que impide el desarrollo, destruye el medio ambiente y genera inseguridad ciudadana”, dijo el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.
No es el único problema. En el gobierno han detectado que, en la mayoría de este tipo de actividades, se vulneran los derechos laborales de los trabajadores. Los dueños de las minas contratan personas para cavar socavones y extraer minerales; a estos trabajadores, aunque se les paga su sueldo, no se les otorgan vacaciones, ni seguro social, ni compensación por tiempo de servicios, ni se realizan aportes al sistema de pensiones. Tampoco cuentan con seguro de vida, por lo que, cuando ocurre un accidente y muere un minero, se realizan acuerdos extralegales para evitar sanciones penales.
Desde el gobierno dijeron que revisarán las normas sobre derechos laborales de los pequeños mineros para que puedan trabajar con salud y seguridad ocupacional. “Y no sean manipulados por personas que dicen que los defienden, pero que solamente los explotan y los exponen”, dijo el ministro.
