Según el Observatorio de Minería Ilegal, la Ley MAPE, impulsada sin el debido debate técnico, busca perpetuar un modelo de minería sin fiscalización efectiva ni control estatal. La organización consideró que esta ley permitiría incluso el uso de ríos, lagos y quebradas para actividades mineras informales.
Siete vías en La Libertad, Cusco, Ica y Arequipa han sido bloqueadas por los mineros informales, que están en huelga desde el 26 de junio y ya anunciaron una marcha de sacrificio a Lima, para sumarse a los que acampan cerca del Congreso, a la espera de la aprobación exprés y sin debate de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).
En el Congreso agendaron el debate de la nueva ley, mientras que el gobierno de Dina Boluarte dijo que “no cederá a chantajes de la minería ilegal”, pero, al mismo tiempo, amplió el Reinfo y no ha observado la Ley MAPE.
Al respecto, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) cuestionó la intención de aprobar la nueva Ley MAPE, una norma que, según expertos y organizaciones civiles, no soluciona el problema; por el contrario, agravaría la crisis ambiental y social. El observatorio señala que la ley, impulsada sin el debido debate técnico, busca perpetuar un modelo de minería sin fiscalización efectiva ni control estatal, y permitiría incluso el uso de ríos, lagos y quebradas para actividades mineras informales.
“Estas medidas fomentan la impunidad, la contaminación con metales tóxicos como el mercurio y el debilitamiento del Estado de derecho”, señaló en un pronunciamiento el observatorio, que está integrado por ocho organizaciones, entre ellas ECOAN, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la Sociedad Zoológica de Fráncfort, DAR, Conservación Amazónica, entre otras.
Para el observatorio, el papel de algunos congresistas y la presión de los mineros informales por una aprobación “exprés” en la Comisión de Energía y Minas (y su pase a la Comisión Permanente) buscan que este tema no sea debatido en el Pleno.
Como está redactada, la Ley MAPE ayudaría a ampliar las actividades ilegales y va en contra de la protección del ambiente y de la regulación del uso de los recursos naturales, que establece el artículo 68 de la Constitución.
El observatorio también pidió al Ministerio Público que investigue a los eventuales financistas de las protestas, bajo el discurso del derecho al trabajo. Los mineros pasaron de pedir solo la ampliación del Reinfo a exigir un proceso de formalización sin condiciones ni controles. Y eso flexibiliza normas.
Diez propuestas
El observatorio había planteado diez medidas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para frenar el avance de la minería informal e ilegal. Sin embargo, estas no han sido tomadas en cuenta.
El observatorio proponía, entre otras cosas, que se diferencie con claridad a un minero artesanal o informal de uno ilegal, reconociendo sus diferencias y necesidades para formalizarlos; que se mejore el control y la fiscalización de las plantas de procesamiento de minerales (que operan en la sombra y lavan mineral ilegal e informal). Solo así se podrá rastrear el origen del oro y frenar el uso de químicos peligrosos. “Las plantas de beneficio son un tema clave en este proceso. Se debe trabajar con la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, dijo César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales.
Asimismo, planteaba que ningún minero pueda cavar sin antes presentar un plan ambiental que garantice el cuidado del agua, el suelo y las comunidades; y que se delimiten las áreas protegidas donde no se puede hacer minería: áreas naturales protegidas, territorios indígenas, ríos, sitios arqueológicos, territorios forestales, etc. De acuerdo con Ipenza, la nueva ley debería declarar esas áreas y territorios como intocables.
Además, el uso del mercurio (que envenena ríos y personas) debe ser eliminado para el 2030. También se debe modificar el Código Penal para eliminar vacíos legales que favorecen la impunidad, tipificar la minería ilegal como crimen organizado y sancionar drásticamente la corrupción en las autoridades. Actualmente, el artículo 307-A del Código Penal exceptúa al minero en “proceso de formalización” de investigaciones fiscales y policiales por el delito de minería ilegal.
