Durante años, comunidades enteras salieron a las calles para proteger sus fuentes de agua, las mismas que hoy están bajo la amenaza de la minería ilegal, que avanza con la complicidad de autoridades y el silencio del Estado.
En distintos territorios del país donde se alzaron voces en defensa del agua, por ser esencial para la vida y actividades económicas como la agricultura, hoy la minería ilegal avanza sin control amenazando ríos, lagos y ecosistemas enteros.
En localidades como Tambogrande, región Piura, o Cajamarca y Celendín, región Cajamarca, donde años atrás las poblaciones se levantaron a favor de las lagunas, los ríos y los manantiales, ahora empieza a imponerse la minería que, bajo la denominación de “en proceso de formalización”, opera al margen de las leyes.
Esas operaciones mineras contaminan las fuentes de agua destinadas al consumo humano y la ganadería, y degradan los suelos agrícolas. “Hoy, las mismas fuentes de agua que se defendieron a capa y espada están contaminadas”, señala José de Romaña, director en IPCH.
El avance de esta actividad no se explica únicamente por su carácter ilegal. También responde a la falta de liderazgo de las autoridades nacionales para enfrentar la ilegalidad, y a que las instituciones estatales han sido incapaces de implementar políticas que frenen la expansión de la minería ilegal y garanticen alternativas de desarrollo para las comunidades.
El vacío de autoridad ha dejado el campo libre a las economías ilegales que, poco a poco, se están convirtiendo en grupos con poder económico e influencia política en varias regiones.
No solo eso. La minería ilegal no prospera únicamente por la ausencia del Estado, sino también gracias a la complicidad de autoridades locales y actores políticos que facilitan su expansión, permitiendo sus operaciones. Basta ver al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, que legislan a favor de las organizaciones criminales y la ilegalidad. Según un reciente estudio del Centro Wiñaq, el 70,2 % de peruanos consideró que los congresistas respaldan a esta actividad ilícita porque reciben financiamiento o buscan capital electoral.
Así, lo que debería combatirse desde la institucionalidad se termina legitimando desde el poder político. El resultado es la destrucción progresiva de la Amazonía, la contaminación de fuentes de agua, el despojo de terrenos comunales y la pérdida de oportunidades y recursos económicos que nunca llegan al Estado porque no pagan impuestos.
