El Observatorio de Minería Ilegal señala que el desafío es contener esta economía ilícita. Plantea cerrar el Reinfo, fortalecer la persecución penal, eliminar el uso del mercurio, financiar una estrategia contra las mafias, etc.
El próximo gobierno tendrá poco margen para postergar decisiones sobre la minería ilegal. Para el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), los primeros cien días del nuevo gobierno, el de Keiko Fujimori, serán decisivos para detener una actividad que, según esa institución, es la principal economía ilícita, porque mueve alrededor de 11 500 millones de dólares al año.
El especialista del OMI, César Ipenza, dijo anteriormente que el nuevo gobierno deberá asumir que la minería ilegal ya no es solo un problema ambiental, sino que financia otras actividades criminales y genera violencia.
La principal recomendación es poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según el OMI, este mecanismo, creado para facilitar la formalización de pequeños productores, se convirtió en instrumento de miles de mineros para continuar extrayendo oro sin cumplir exigencias ambientales ni legales. Por eso el nuevo gobierno debe establecer un régimen transitorio que conduzca al cierre definitivo del registro.
Otra prioridad consiste en eliminar el blindaje legal que hoy beneficia a quienes operan bajo el Reinfo. El año pasado, el Tribunal Constitucional recomendó retirar la exención de responsabilidad penal para los mineros inscritos en ese registro, pero esa recomendación no fue implementada. El Observatorio sostiene que el próximo gobierno debe establecer responsabilidades penales y civiles para quienes continúen explotando minerales en zonas prohibidas o incumplan las normas ambientales.
Las propuestas también apuntan a fortalecer las instituciones encargadas de combatir la minería ilegal. El OMI advierte que la Fiscalía carece de presupuesto para ejecutar operativos de interdicción en territorios dominados por organizaciones criminales. Sin recursos, sostiene, cualquier estrategia contra estas redes resulta insuficiente.
Asimismo, plantea reforzar los mecanismos anticorrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas (Minem), especialmente en la Dirección General de Formalización Minera, que arrastra denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes. Hace poco el Minem aprobó su nueva Política Antisoborno mediante la Resolución Ministerial N. ° 232-2026, la que debería ser reforzada por el nuevo gobierno.
El OMI también propone aprobar una ley que elimine poco a poco el uso del mercurio hasta prohibirlo por completo en 2030. Y recomienda poner en funcionamiento el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para mejorar la trazabilidad del oro y dificultar la comercialización de minerales de origen ilegal.
Otra medida plantea prohibir mediante decreto supremo la actividad minera en los ríos amazónicos, donde la extracción aurífera provocado una grave contaminación ambiental.
Sin duda, el gran reto del próximo gobierno será contener el avance de la minería ilegal antes de que siga consolidándose como una de las principales amenazas para la seguridad, la gobernabilidad y el ambiente en el país. Las medidas están identificadas y la urgencia es evidente.
