La paralización de proyectos mineros formales habría abierto el camino a la ocupación ilegal de concesiones en Cajamarca y Apurímac, con graves impactos ambientales y la expansión de la extracción clandestina de oro.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, advirtió que grupos de mineros ilegales invadieron concesiones mineras en regiones como Cajamarca y Apurímac, donde empezaron a extraer minerales sin autorización ni mucho menos medidas preventivas ante el impacto de esta actividad.
En esa situación se encuentran el proyecto minero Minas Conga, de Newmont Corporation, paralizado en Cajamarca desde hace diez años; el proyecto Haquira, de First Quantum Minerals, en la región Apurímac; y la mina Las Bambas, operada por MMG, también en Apurímac.
Según el jefe del Gabinete, esta situación ocurre por la paralización de proyectos de minería formal que si cumplen con los estándares ambientales. “Cuando no se desarrolla la minería legal que cumple con altos estándares, se cede el espacio a la minería ilegal, que contamina y utiliza la violencia”, afirmó Álvarez.
Conga es un proyecto de oro valorizado en alrededor de 4 800 millones de dólares, cuenta con los permisos ambientales desde 2010 y está paralizado desde ese mismo año.
Según la agencia Bloomberg, Conga quedó vulnerable a la ocupación y extracción ilegal de material aurífero. Esta invasión implica consecuencias muy graves: la actividad no se puede controlar ni fiscalizar, no se pueden cobrar impuestos y no existe control ambiental. De acuerdo con Álvarez, los ríos que nacen en el área de este proyecto minero en Cajamarca están siendo contaminados con mercurio por las labores de la minería ilegal.
Mientras tanto, el Ejecutivo cuenta con 60 días de facultades legislativas para reforzar el marco penal y procesal orientado a combatir la minería ilegal. Con estas facultades, podría actualizar sanciones e incorporar nuevas figuras delictivas vinculadas a la minería ilegal. Es preciso que Gobierno busque fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar economías ilícitas asociadas a la extracción ilegal de minerales, debido a su vínculo con redes de crimen organizado y otras actividades delictivas.
