Varias son las razones por las que el Congreso no tendría que prorrogar, por quinta vez, el registro: porque fracasó al formalizar a solo 2032 personas en casi diez años; porque blinda a quienes operan en ríos, áreas naturales protegidas y sitios arqueológicos, porque facilita el tráfico de explosivos usados en extorsiones, entre otros motivos.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá, el 17 de noviembre, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que, en el papel, vence el 31 de diciembre próximo. Se trata del dictamen que priorizó la iniciativa del legislador Roberto Sánchez para prolongar su vigencia hasta diciembre de 2027 e incluir, además, a 50 000 titulares que habían sido excluidos del proceso por no cumplir con los requisitos legales ni formales por más de un año.
Hay varias bancadas, afines a estos mineros, que esperan aprobar el dictamen. Con esta sería la quinta vez que el registro no se cierra, pese a su evidente fracaso. Cualquiera podría preguntar: ¿por qué oponerse a ampliar nuevamente el registro si es la única manera de impulsar la formalización minera?
La respuesta en sencilla: el Reinfo no funciona. En casi diez años apenas logró formalizar a 2 181 mineros (2,6 %) de 87 111 inscritos. En cambio, 65 101 (78 %) fueron suspendidos, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Hay otra razón. En la práctica, el Reinfo se ha convertido en un escudo para la minería ilegal. Obtener un registro es bastante fácil, incluso se puede comprar en redes sociales. Con ese papel en la mano, los mineros pasan por informales, aunque extraigan oro y otros minerales en ríos, bosques amazónicos, áreas naturales protegidas o sitios arqueológicos.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) han detectado que estos mineros, amparados en el Reinfo, usan maquinaria e insumos químicos en zonas prohibidas. Lo hacen, por ejemplo, en la zona de amortiguamiento de las Líneas de Nasca; dentro de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, refugio de vicuñas; en la Reserva Natural de El Sira; o cerca de la Reserva Nacional del Manú, Tambopata y Amarakaeri y Huascarán.
Una tercera razón es que la minería ilegal, amparada en el REINFO, alimenta las extorsiones. En regiones donde predomina, los índices de criminalidad han crecido. Y una cuarta razón es que es la principal fuente lavado de activos. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2015 y 2024, se reportaron más de 5 700 reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculadas a esta actividad, por un valor de 22 800 millones de dólares.
Por eso, para Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), el Reinfo debería cerrarse. Darle más tiempo de vigencia solo fortalecerá a las organizaciones criminales y consolidará el fracaso. “Lo único que ha generado el Reinfo en más de dos décadas, además del desorden, es que la mayoría de los mineros incumplan los requisitos ambientales, sociales y laborales. Ha aumentado la criminalidad y ha favorecido a gremios que no quieren una minería adecuada ni un proceso real de formalización”, dijo.
Mantenerlo abierto, explicó Garay, significaría darles luz verde a operaciones sin control en los ríos, los bosques y las comunidades indígenas. “Y no vaya a ser que estén financiando a futuros candidatos a senadores y diputados… justamente para que los favorezcan con esta ley”, advirtió.
