Santiago de Chuco, la provincia liberteña que inspiró el universo andino de César Vallejo, enfrenta hoy otra tragedia: minería ilegal, aguas contaminadas, bandas criminales y un cementerio convertido en frente de explotación.

Por Yuri Castro
En Santiago de Chuco, los versos de Masa, el célebre poema de César Vallejo, parecen estar escritos para otra tragedia. Una donde la muerte ya no termina cuando se cierra un ataúd. Los muertos ocupan el centro de esta historia, pero aquí no hay una multitud intentando devolverles la vida. En Quiruvilca, un histórico distrito minero de Santiago de Chuco, ocurre exactamente lo contrario: quienes deberían descansar en paz ven cómo la tierra que los cobija vuelve a abrirse por la minería ilegal. A más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, los muertos volvieron a ser perturbados, pero esta vez por la codicia que desde hace décadas perfora las entrañas de los cerros y su suelo.

Entre lápidas agrietadas y coronas marchitas comenzaron a aparecer montículos de tierra removida. Eran mineros ilegales convencidos de que la riqueza escondida bajo la montaña también atravesaba el lugar donde descansaban los difuntos: el cementerio municipal. Hasta allí llegaron a buscar las vetas que alguna vez hicieron de este distrito uno de los centros mineros más importantes de La Libertad. Las imágenes registradas en 2018 mostraron un escenario impensable: un cementerio convertido en frente de explotación minera.

Paradójicamente, todo ocurre a pocos kilómetros de Santiago de Chuco, la provincia donde nació César Vallejo, el poeta que convirtió el dolor humano en una de las obras más universales de la literatura.

Tras el abandono de la mina, miles ocuparon los socavones.
Las excavaciones llegaron hasta el cementerio.

Suelo frágil
Mientras los socavones avanzan bajo la superficie, los pobladores sienten que Quiruvilca se desmorona lentamente. Las excavaciones en el cementerio fue la señal de que el pueblo había perdido uno de los últimos límites que todavía respetaba. El propio Gobierno Regional de La Libertad estimó en 2020 que más de tres mil personas realizaban actividades de minería ilegal en la zona.

Desde entonces, Quiruvilca parece vivir sobre una montaña perforada. Enormes excavaciones aparecen donde antes había chacras, laderas e incluso espacios públicos. Aunque no hay evidencia oficial que permita afirmar que todo el distrito se está hundiendo, sí existe preocupación por la proliferación de socavones y el deterioro progresivo del subsuelo asociado a décadas de actividad minera y al ingreso indiscriminado de operadores ilegales.

Las labores sin control remueven el suelo y agravan el drenaje ácido de relaveras sin remediar.

Derrame mortal al río Moche
Lo que sucede en Quiruvilca no termina en Quiruvilca. Desde las alturas continúa descendiendo otro enemigo invisible: los metales pesados que discurren hacia el río Shorey que, a su vez, alimenta al río Moche. El Moche atraviesa Otuzco, Santiago de Chuco y luego desciende hasta la provincia de Trujillo. Miles de agricultores dependen de esa cuenca. Por ello, la contaminación de la minería ilegal dejó de ser únicamente un problema local para convertirse en un asunto regional.

En 2018 la Autoridad Nacional del Agua declaró en emergencia un tramo de la cuenca. Diversos informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Ministerio de Energía y Minas han documentado la presencia de sustancias tóxicas y la necesidad de ejecutar obras de remediación que aún no logran resolver definitivamente el problema. Las actividades locales más afectadas son la agricultura y el consumo humano.

El peligro se acrecienta aún más si se tiene en cuenta que actualmente se ha reportado la existencia de más de 400 labores mineras ilegales, estimándose que entre 3,000 y 5,000 personas se dedican a esta actividad que opera bajo una estructura que mezcla la precariedad técnica con la sofisticación delictiva. También se han reportado intentos de apoderarse de terrenos destinados a proyectos públicos, como un complejo deportivo en el barrio Bellavista. Además, la actividad financia a bandas criminales que brindan protección o "chalequeo" a los mineros, lo que ha derivado en una ola de asesinatos y asaltos.

Muchos operadores utilizan el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) como una herramienta legal para evitar la fiscalización, operando bajo el rótulo de "minería artesanal" o “minería en proceso de formalización”, mientras utilizan maquinaria pesada e insumos industriales. La presión de operativos policiales en zonas como el cerro El Toro (Huamachuco) y Pataz ha provocado el traslado de mineros ilegales hacia Quiruvilca, exacerbando el conflicto por el control territorial. “Actualmente, hay una reacción de un grupo de ronderos que ha desalojado a algunos ilegales, pero este tipo de enfrentamientos va a traer muertos y heridos”, avizoró Montes.

Las aguas con metales pesados bajan por el río Shorey hasta la cuenca del río Moche.

Infierno bajo el suelo
Al operar sin medidas de seguridad ni equipos de protección, los mineros ilegales enfrentan accidentes constantes por derrumbes o inhalación de gases tóxicos. Se han reportado casos de muertes de menores de edad en estos socavones y se estima que la exposición constante a metales pesados reduce drásticamente la esperanza de vida de los trabajadores.

La disputa por el control de las tierras ricas en mineral ha generado un clima de terror. Solo en el último año se registraron más de 40 crímenes vinculados a estas rencillas. La presencia de bandas criminales, incluso extranjeras, ha superado en ocasiones la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

La ambición por el mineral ha llevado incluso a la destrucción de vestigios históricos, como el Qhapaq Ñan (Camino Inca), que ha sido depredado en zonas aledañas por la minería ilegal.

Frente a este escenario, las autoridades han iniciado acciones de fuerza. En operativos recientes, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional han logrado incautar maquinaria pesada, campamentos y mineral valorizado en más de 2 millones de soles. Asimismo, se han realizado diligencias de destrucción de campamentos ilegales en sectores como Shorey Bajo y la desarticulación de bandas como "Los Mineros Ilegales de Quiruvilca", a quienes se les halló abundante dinamita y material explosivo.

Quiruvilca ya combina minería ilegal, explosivos y redes criminales.
Control, formalización y remediación no pueden seguir esperando.

“Es zona liberada”
En opinión del expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, Quiruvilca es “el nuevo Pataz” y, a estas alturas, ya es una “zona liberada”. “En el 2020, advertimos que todas las organizaciones criminales que vienen operando en Pataz, debido al aumento de restricciones, iban a expandir su capital en nuevas inversiones delictivas, y así ocurrió. Su nuevo territorio ahora es Quiruvilca”, recordó.

El especialista lamentó que aquella vez no lo escucharan. “A las autoridades les presenté hasta un video, pero hay una evidente inacción, no le dieron la debida importancia y esto ya es inmanejable, más aún si tenemos en cuenta que los ilegales tienen grandes negocios en Trujillo, que es un lavadero de dinero, como locales nocturnos, restaurantes lujosos”, puntualizó.

Desde el 2020 a la fecha, la respuesta sigue siendo insuficiente para frenar una actividad que ya se ha enraizado en la economía y la geografía de la sierra liberteña. Hoy, al recorrer Quiruvilca se ve cómo los campamentos improvisados reemplazan a las operaciones formales. Y el cementerio, que alguna vez simbolizó el descanso definitivo de quienes dedicaron su vida a la mina, terminó convirtiéndose en una metáfora brutal de la crisis. Si en Masa la fuerza de todos logra vencer a la muerte, en Quiruvilca la sensación es la opuesta: la ausencia prolongada de una respuesta integral permitió que la degradación avanzara hasta alcanzar incluso el lugar reservado para quienes ya habían partido.

EL DATO
La Asociación de Mineros Formales de Quiruvilca solicitó la intervención urgente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) para garantizar la seguridad de los trabajadores mineros. El pronunciamiento se conoce luego de que ronderos de la comunidad de Barro Negro realizaran una protesta en el sector El Papelillo. De acuerdo con los dirigentes comunales, la medida responde a una larga preocupación por la presunta contaminación de los ríos que abastecen de agua a las actividades agrícolas y ganaderas de la zona, la cual atribuyen a operaciones mineras que consideran informales o ilegales. Según los propios manifestantes, durante la protesta fueron destruidos campamentos, maquinaria y accesos a labores mineras.

Contaminación, criminalidad y trabajo precario son las tres caras de una misma tragedia que hoy define a Quiruvilca. Los operativos policiales y las incautaciones, aunque necesarios, no bastan frente a una estructura que combina precariedad técnica con sofisticación criminal, y que ha encontrado en el Reinfo una fachada legal para operar impunemente. Sin una estrategia integral que articule a todos los actores responsables, la degradación seguirá avanzando hasta alcanzar cada rincón de Quiruvilca, incluido, como ya ocurrió, el descanso de sus muertos.