Muchos partidos coinciden en que la minería ilegal es hoy uno de los principales problemas de seguridad, ambiental y económico. Lo que varía es su propuesta para hacerle frente. Algunos combinan interdicción más dura; unos, se fijan en el castigo al crimen organizado y el cierre del REINFO; otros, apuestan por reformarlo y simplificar trámites. Unos pocos guardan silencio.

La extracción ilegal de oro y otros minerales ya no es un fenómeno aislado. Es uno de los problemas más graves de los últimos años. A medida que el precio del oro sube a máximos históricos, la minería ilegal también crece. Se sabe que llega llegado a movilizar más de 12 000 millones de dólares al año, cifra comparable a sectores formales de la economía.

Según datos oficiales y académicos, esta actividad ilícita genera pérdidas fiscales estimadas en más de 22 000 millones de soles anuales (2,5 % del Producto Interno Bruto). Para el Ministerio Público, este sector ilegal mueve siete veces más dinero que el narcotráfico. De igual forma, las exportaciones de oro no declaradas alcanzaron igualmente cifras récord: en 2024 se estimó exportaciones ilegales de oro por 7 400 millones de dólares y habría alcanzado más de 12 000 millones de dólares en 2025.

Las consecuencias son graves daños ambientales y el aumento de la violencia. En regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Arequipa y Loreto, la minería ilegal deforestó decenas de miles de hectáreas de bosque tropical, contaminó ríos con mercurio y desplazó a comunidades indígenas.

En muchos casos, la minería ilegal está controlada o explotada por redes criminales que combinan tráfico de insumos, lavado de activos, extorsión y violencia armada. Eso lo convierte en un problema ambiental y de seguridad.

Con ese gran problema llegamos a la campaña electoral. Se ha visto que algunos partidos respaldan abierta o solapadamente a los mineros informales e ilegales, mientras otros anuncian una lucha frontal y su erradicación. En muchos casos son frases declarativas; en otras, propuestas genéricas; solo pocas tienen cierta precisión sobre lo qué se debe hacer para frenar la minería ilegal y formalizar la informal.

Más allá de eso, lo cierto es que estos mineros son protagonistas de la campaña electoral. El portal Congrezoo.pe reveló que, por lo menos, 28 partidos políticos tienen entre sus candidatos al Senado y a Diputados a 55 personas que Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) vigente o suspendido. Entre esos partidos se puede mencionar a Fuerza Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Apra, País Para Todos, Somos Perú, Partido Democrático Federal, Partido Patriótico del Perú, alianza Unidad Nacional, etc.

Lo que dicen los planes
D&D revisó los planes de gobiernos de 33 partidos que postulan a la presidencia para conocer sus propuestas sobre este problema. La mayoría reconoce en los diagnósticos que la minería ilegal es hoy uno de los principales problemas de seguridad, ambientales y económicos del país. Algunos combinan propuestas de mano dura e interdicción con algún esquema de formalización de la pequeña minería y la nueva Ley MAPE. Otros quieren cerrar el REINFO por considerarlo un manto de impunidad. Otro grupo prefiere reformarlo y simplificar trámites para atraer a los mineros a la legalidad.

Se puede decir que, como eje común, aparece el control de insumos críticos (mercurio, combustibles y explosivos), la trazabilidad del oro, la creación de unidades élite o comandos mixtos y la recuperación de territorios afectados, sobre todo en la Amazonía y áreas protegidas. Se repite también la idea de reformar la Ley Minera, caducar “concesiones ociosas” y crear bancos o empresas mineras estatales, con metas de reducción de deforestación y minería ilegal.

Cada partido con su camino
Ahora Nación plantea que la minería ilegal está articulada con redes criminales y corrupción, y propone un enfoque técnico: laboratorio estatal en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), con filtros anticorrupción; unidades policiales especializadas contra el desvío de químicos; centros regionales de formalización y un sistema integral de trazabilidad del oro. Su apuesta es ambiciosa: formalizar al 50 % de los mineros y reducir en 20 % las áreas degradadas.

Alianza para el Progreso (APP) ve la minería ilegal ligada al narcotráfico y la trata. Proponer cerrar el REINFO y un nuevo régimen MAPE por tramos, con trazabilidad de explosivos y mercurio, créditos con garantía estatal y hasta títulos de propiedad con blockchain para facilitar financiamiento. Pero este partido tiene a mineros informales entre sus candidatos al Legislativo.

Avanza País acusa al REINFO de burocrático e ineficaz y habla de 110 toneladas de mercurio vertidas cada año en ríos. Propone un Nuevo Código Minero, el programa “Cero Mercurio”, auditorías sorpresa a compradores de oro y una fuerza de tarea permanente contra mafias mineras. Es el partido que más frontal se muestra, al menos en los papeles, frente a esta actividad ilícita.

Buen Gobierno mira el problema como territorial y estructural: plantea una Agencia Nacional de Formalización Minera, corredores mineros sostenibles, sustitución progresiva del mercurio y penalización de la minería en cabeceras de cuenca y áreas protegidas.

Cooperación Popular apuesta por mapear las zonas invadidas por minería ilegal y declarar intangibles los terrenos del Estado, defendiendo con dureza las áreas naturales protegidas.

Hay partidos que prácticamente guardan silencio, como Fe en el Perú, Partido de los Trabajadores y Emprendedores o Renovación Popular, lo que también es una posición política: dejar el problema fuera de la agenda.

Otros plantean enfoques sociales
Frente de la Esperanza pide un censo minero in situ y formalización con concertación comunitaria. Juntos por el Perú cuestiona la concentración de concesiones y propone cooperativas mineras, parques mineros y comercialización estatal del oro, buscando proteger a los mineros más vulnerables.

Fuerza Popular, Partido Morado, Integridad Democrática y Alianza Unidad Nacional convergen en crear comandos mixtos Policía–Ejército–Fiscalía–SUNAT, control de insumos, persecución financiera del delito y presencia permanente en zonas críticas, aunque Fuerza Popular es otro de los partidos con mineros informales como candidatos.

El Partido Morado plantea cerrar definitivamente el REINFO y desplegar una Fuerza Amazónica, con bases y drones. Fuerza y Libertad proponer introducir tecnología: drones e inteligencia artificial para monitoreo ambiental, con metas al 2031 de reducir 50 % del territorio afectado por minería ilegal y lograr trazabilidad digital total en minería formal.

Para el Partido Aprista, se debe cerrar el REINFO entre 2026 y 2027, eliminar el mercurio con subsidios tecnológicos y democratizar el acceso a concesiones vía INGEMMET.

En Podemos Perú apuestan por industrializar minerales en el país para dejar de exportar solo materia prima; son muy permisivos a esta actividad porque en sus filas hay varios mineros informales y voceros oficiosos de estos, como el congresista Guido Bellido Ugarte. Mientras tanto, Perú Acción quiere recuperar concesiones ociosas y priorizar empresas colectivas de mineros.

Somos Perú conecta la minería ilegal con los subsidios a combustibles en la Amazonía y propone eliminarlos, además de intervenir seis territorios críticos y aumentar el presupuesto contra minería ilegal a 500 millones de soles. Es otro partido con varios mineros candidatos.

Sí Creo y Libertad Popular ponen el acento en el control de insumos y la bancarización total de la venta de explosivos y maquinaria pesada.

En una versión más estatista, Venceremos plantea destruir dragas en ríos amazónicos, crear un Banco Minero del Estado y hasta modificar la Constitución para reforzar la soberanía sobre los recursos minerales. También propone comandos permanentes PNP–FFAA–Fiscalía, trazabilidad de químicos con vigilancia satelital y zonas de exclusión minera.

El dilema de fondo
Más allá de las diferencias, la campaña muestra que la minería ilegal dejó de ser un tema sectorial para convertirse en un debate sobre el modelo de país que queremos en este sector: ¿mano dura o integración económica?, ¿Estado fuerte o permisividad y complicidad?, ¿castigo a la ilegalidad o formalización de lo ilícito?

Si todo marcha como hasta ahora, con autoridades que miran para otro lado, la próxima administración heredará un serio problema de ilegalidad en la minería, con vínculos con organizaciones criminales. Pero, por ahora, poco se discute todavía sobre este tema en la campaña.