El último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia confirma que la inseguridad ya no es un fenómeno concentrado en Lima. El norte, el centro y el sur del país registran homicidios, extorsiones y presencia de redes criminales que orbitan alrededor de la minería ilegal, el "gota a gota" y el sicariato.
La violencia en el Perú ha dejado de ser patrimonio de las grandes ciudades. El norte, el centro y el sur del país acumulan hoy los principales focos de inseguridad del país, y detrás de esa expansión hay un patrón que se repite en cada región: economías ilegales que financian, ordenan y sostienen el delito. Así lo confirma el último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia —una iniciativa del BCP y Capital Humano y Social—, que da cuenta de 1,826 homicidios registrados en el 2025, la gran mayoría cometidos con armas de fuego en contextos de sicariato y extorsión organizada.
El informe revela además que el 59% de los homicidios se concentra en apenas 50 distritos a nivel nacional, varios de los cuales están directamente vinculados a economías ilegales, especialmente la minería informal y el narcotráfico. Y aunque Lima y el Callao siguen liderando en números absolutos, la tendencia más preocupante es la velocidad con que la violencia se está desplazando hacia el interior del país.
El norte y el centro: donde el crimen ya tiene nombre y territorio
La costa norte mantiene los mayores índices de homicidios del país. En Piura se registraron 44 homicidios, en Pataz 35 y en Tumbes 33, mientras que, en el eje central, Pisco acumuló 17 casos. No son cifras aisladas: son el reflejo de territorios capturados por economías ilegales que demandan protección armada.
En la provincia de Pataz, en La Libertad, la minería ilegal ha configurado un escenario donde el oro ilícito convive con el sicariato. Bandas armadas —como "Los Buitres de Pataz"— disputan socavones, rutas y zonas de extracción, convirtiendo la extorsión a mineros, transportistas y comerciantes en un mecanismo de control territorial. La masacre de 13 trabajadores mineros en mayo de 2025 expuso ante la opinión pública la magnitud de esa captura criminal. Desde 2020, las bandas criminales han realizado al menos 628 incursiones contra las instalaciones de la empresa Poderosa, con 18 empleados asesinados y más de 3.5 millones de dólares en oro robados.
En Cajamarca, particularmente en San Ignacio, la minería ilegal avanza sobre un territorio históricamente agrícola, donde el café convive cada vez más con redes de financiamiento criminal, cobro de cupos y amenazas. En Ica, la agroexportación comparte espacio con presencia minera informal incluso en zonas arqueológicas, generando nuevas condiciones para la extorsión.
El sur: la nueva frontera de la violencia organizada
El sur del país empieza a mostrar síntomas que antes eran propios de la costa norte. La incidencia de la extorsión en las regiones sureñas pasó del 12% en 2024 al 17% en 2025, un incremento de más del 40% en apenas un año. El informe sugiere que ese crecimiento está directamente vinculado a la expansión de la minería ilegal, que arrastra consigo redes de financiamiento informal, cobro de cupos y control territorial.
Puno registró 90 homicidios y Arequipa 67. A nivel distrital, Ananea lideró con 31 homicidios, seguida de Juliaca con 26 y Puerto Maldonado con 23. Varios de estos distritos son enclaves de disputa por el oro y otros minerales, donde el miedo se ha convertido en el mecanismo más eficaz de control social. Cerro Colorado, con 12 homicidios registrados, completa el cuadro de distritos sureños más afectados.
El "gota a gota": el brazo financiero del crimen
Uno de los fenómenos que más ha crecido en este periodo es el préstamo extorsivo conocido como "gota a gota". Según el Quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, el número de personas afectadas pasó de 3.7 millones en 2024 a 4.7 millones en 2025. Este sistema de préstamos con intereses usureros opera como mecanismo de control financiero de las redes criminales: quien no paga enfrenta amenazas, extorsión o, en los casos más extremos, la violencia del sicariato.
El "gota a gota", el cobro de cupos y la amenaza constante no son fenómenos aislados: forman parte de un mismo sistema delictivo que requiere economías ilegales para funcionar. Donde hay minería ilegal rentable —y hoy el oro supera los 3,500 dólares la onza— hay recursos para armar bandas, financiar sicarios y expandir el control territorial.
Impunidad: el combustible del sistema
El aumento de denuncias no ha sido acompañado por una respuesta eficaz del Estado. A nivel nacional, el 25% de la población mayor de 18 años afirma haber sido víctima de extorsión o conocer a alguien afectado en los últimos tres meses: más de 6 millones de personas. Pese a ese dato alarmante, el número de personas encarceladas por extorsión prácticamente no ha variado en los últimos años.
La Policía enfrenta limitaciones estructurales: falta de personal calificado, escasa tecnología y casos documentados de infiltración en sus propias filas. Como señala el analista Eduardo Pérez Rocha, "el delito de extorsión está en aumento y parece indetenible porque falta personal calificado y tecnología como instrumentos de geolocalización". Sin cortar el flujo de dinero que sostiene el sistema ilegal —y sin desmantelar las economías criminales que lo alimentan—, la violencia seguirá encontrando dónde anclarse.
