El Observatorio de Minería Ilegal planteó siete medidas urgentes para los primeros 100 días de gestión. A una semana de la investidura, ninguna ha sido anunciada por el Ejecutivo.
Ha pasado una semana desde que Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú, el 28 de julio de 2026, y ninguna de las siete medidas urgentes que el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) planteó para los primeros 100 días de gobierno ha sido anunciada todavía. Para el OMI, la minería ilegal es hoy la principal economía ilícita del país: mueve alrededor de 11,500 millones de dólares al año, una cifra que supera al narcotráfico.
La ausencia más notoria es la del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la principal recomendación del Observatorio. El registro estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, según la Ley N.° 32537, aprobada meses antes del cambio de gobierno, y el mensaje presidencial del 28 de julio no hizo ninguna mención al proceso de formalización minera. El economista Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y actual director ejecutivo de Videnza Instituto, señaló esta omisión en una entrevista reciente: «No hubo ninguna mención a la minería formal del país […] tampoco hubo ninguna mención a un problema que es serísimo: los esfuerzos por formalizar a la pequeña minería […] es un tema que fue obviado completamente».
En su primer mensaje a la Nación, la presidenta mencionó la minería ilegal en tres ocasiones, junto al crimen organizado y el narcotráfico, y con un enfoque centrado en el uso de la fuerza: durante los estados de emergencia, anunció, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad hasta «restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos». El discurso no incluyó anuncios sobre las reformas institucionales específicas que plantea el OMI. A continuación, el balance medida por medida:
Esto se relaciona con el aumento de oro exportado sin que se precise su origen. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), más del 40 % del oro vendido por canales formales al extranjero no tiene un origen conocido. Se trata de más de 100 toneladas vendidas, gracias a las plantas de procesamiento y a los mineros con Reinfo.
Fuente: Observatorio de Minería Ilegal (OMI). Elaboración: Diálogo y Desarrollo Perú.
Uno de los puntos que merece seguimiento es la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que el OMI identifica como un foco de denuncias por irregularidades. El nuevo titular del sector, Guillermo Shinno, declaró en su hoja de vida veinte investigaciones fiscales y procesos judiciales, entre ellos un caso archivado por presunto delito de minería ilegal y una investigación en trámite por presunta contaminación ambiental. El Minem aprobó meses atrás una Política Antisoborno (Resolución Ministerial N.° 232-2026) que, según el Observatorio, la nueva gestión debería reforzar.
En el frente ambiental, la recomendación del Observatorio se centra en eliminar el uso del mercurio hasta 2030, el insumo más asociado a la amalgama artesanal de oro. Pero la minería ilegal también recurre al cianuro en procesos de lixiviación, y especialistas y el propio Ministerio del Ambiente han advertido que su uso es igual o más extendido que el del mercurio —una brecha que la medida del Observatorio, centrada solo en el mercurio, no contempla. De hecho, la Sunat ya aprobó, antes de la transición de gobierno, un nuevo régimen de control de insumos químicos que trata ambos por igual: incluye mercurio y cianuro, con entrada en vigencia prevista para el 1 de setiembre. El mismo criterio de protección que el Observatorio plantea para los ríos amazónicos —una de las zonas más afectadas por la contaminación minera— es extensible a otras cuencas y áreas naturales protegidas del país donde la minería ilegal también avanza.
El propio Observatorio ha insistido en que los primeros 100 días de gestión serán determinantes para frenar el avance de la minería ilegal. De esos 100 días han transcurrido siete. El reto no es solo nombrar el problema, sino traducirlo en medidas concretas: un régimen de cierre para el Reinfo, presupuesto para la interdicción y un marco de trazabilidad que permita distinguir, a lo largo de toda la cadena, el oro formal del ilegal.
