El avance de la minería ilegal e informal se refleja en inseguridad ciudadana. Un estudio del IPE confirma que el índice de asesinatos aumentó hasta 32 veces en zonas como Pataz, Ananea o Madre de Dios, donde se abren socavones o se controlan ríos para extraer oro de manera ilícita.

En cinco distritos con presencia de minería ilegal e informal ocurren las mayores tasas de homicidios en el país. De estos, tres distritos, donde ocurrieron masacres de mineros o asesinatos de líderes indígenas, ocupan los primeros lugares, según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE).

En 2025, la provincia de Pataz, en La Libertad, registró la tasa más alta de crímenes, muy por encima del promedio nacional, con 294 asesinatos por cada 100 000 habitantes; el distrito de Ananea, en Puno, donde se encuentra La Rinconada, se contabilizaron 159 por cada 100 000; y en Inambari, en Madre de Dios, donde se ubica La Pampa, infierno de la minería ilegal, se registró 129 por cada 100 000.

En los puestos cuarto y quinto aparecen Bellavista, en Lima, y San Antonio, en Lima Provincias, con 93 y 53 homicidios por esa proporción de población. Estos distritos no son zonas mineras.

Luego, en el sexto lugar, se ubica el distrito minero de Puerto Inca, en Huánuco, con 54 homicidios. Un puesto más abajo, en el séptimo, está Zarumilla, en Tumbes, con 29 asesinatos. Esta no es zona minera. El que sigue es la ciudad de Madre de Dios, con una tasa de 49 homicidios por esa proporción poblacional.

Eso ocurre en un momento de expansión de estas actividades. Según el análisis econométrico de Videnza Instituto, en el país existen 221 distritos donde la población convive con minería informal. En estos territorios, esta coexistencia se asocia con una alta presencia de mineros inscritos en el Reinfo, prácticas extractivas que incumplen normas ambientales, laborales y tributarias, y frecuentes conflictos por la superposición de derechos mineros.

La Rinconada y Pataz
A estos problemas se suma la violencia extrema, como en La Rinconada (Puno) y en Pataz (La Libertad). En el primer caso, en los últimos años ocurren disputas por oro y crímenes; y muertes en túneles. Se sabe que, entre 2009 y 2024, la Fiscalía de Puno recibió más de 1 000 denuncias por homicidio en todas sus formas en San Antonio de Putina, donde se encuentra La Rinconada. Se trata de homicidios a sangre fría o con ferocidad, cometidos con armas y explosivos. La víctimas suelen ser mineros, ciudadanos de a pie y policías.

Hubo tres años en que se registraron más homicidios: en 2012 fueron 92; en 2014, 107; y en 2018, 80. Pero cada año, la cifra no baja de 30 asesinatos en esta localidad del Altiplano. Además, en ese mismo periodo, las denuncias por lesiones graves, leves, culposas, peligro inminente y daño físico o psicológico, suman 892.

Desde 2011 hasta 2024, la Fiscalía de Puno también abrió 706 expedientes relacionados con minería ilegal. Denuncias por extracción de oro, contaminación de ríos, tráfico de maquinaria, obstrucción a la fiscalización y peligros para la vida. Sin embargo, de esos casos, solo 16 terminaron en sentencia hasta finales del año pasado.

En Pataz, la sangre y la muerte son pan de cada día. El 26 de abril de 2025, 13 trabajadores de la compañía minera Poderosa fueron secuestrados y ejecutados en un socavón. Una banda criminal que peleaba por el control del oro cometió esa masacre que conmocionó al país. Un video de setenta y tres segundos grabó cómo cada minero era ultimado.

Y la mañana del 1 de enero pasado, se conoció que tres personas fueron asesinadas en un enfrentamiento en una bocamina. Sus cuerpos tenían impactos de bala y fueron encontrados en la mina Papagayo, en el sector conocido como Morena. Todo ocurrió en pleno estado de emergencia declarado por el Estado para enfrentar a las bandas ligadas a la minería ilegal de oro.

Siete años bastaron para que estos lugares invadidos por mineros ilegales e informales se conviertan en centros de la muerte. En Pataz, de acuerdo con cifras del IPE, la tasa de homicidios se ha multiplicado por 32 desde 2021; en Ananea e Inambari aumentó en nueve y tres veces, respectivamente, respecto a los registros de 2019.

Uso de explosivos
No solo eso. Las bandas criminales obtienen explosivos de la minería ilegal e informal de Pataz y las usan para atentados en contra de pequeños y medianos empresarios en Trujillo, capital de La Libertad. Varios empresarios han decidido dejar esa ciudad por temor a las organizaciones criminales. Aunque es difícil cuantificar cuántos negocios han cerrado o trasladado sus operaciones, el temor ha crecido tanto como el retiro del mercado local.

En La Libertad, de acuerdo con el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, se produjeron 7 253 denuncias en los últimos dos años. Según esas cifras, en el 2024 se reportaron 3 997 denuncias por extorsión y, en 2025, 3 256.

La violencia iniciada en Pataz, según Ángel Santoyo Iñoñán, exintegrante de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), se expandió a ciudades como Trujillo, donde usan explosivos mineros para atentados extorsivos.

Homicidios y Reinfo
También es posible, como señala el IPE, relacionar el aumento del crimen con la concentración del número de mineros con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en esos territorios. La excepción por ahora es Arequipa que cuenta con 2 986 Reinfo. En Ananea se contabilizaron 2 653 registros otorgados; en Inambari, 2 318; y en Madre de Dios, con 2 186. “La evidencia muestra”, según el IPE, “que extender el Reinfo sin acciones efectivas no reduce el problema”. Agrega que “la ampliación de la vigencia del Reinfo solo prolonga el problema”.