Entre 2021 y agosto de 2025 se incautaron 797 kilos de oro ilegal. Solo en 2025 se habrían exportado entre 105 y 115 toneladas por fuera de la ley. La brecha expone la magnitud del negocio y las limitaciones del control estatal.
El oro sale del país todos los días. Parte de ese flujo tiene documentos, permisos y trazabilidad. Otra parte sale con papeles inconsistentes, con origen dudoso o simplemente se “legaliza” en algún punto del camino.
Entre 2021 y agosto de 2025, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) incautó 797 kilos de oro de origen ilegal. En el mismo periodo, el volumen estimado que se exporta en un solo año supera las 100 toneladas.
Los 797 kilos representan apenas el 0,69 % del volumen que, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), se exporta ilegalmente en un año. Solo en 2025, los despachos por fuera de la ley alcanzarían entre 104.3 toneladas, valorizadas en alrededor de 11.500 millones de dólares.
Ese monto igualaría o incluso superaría a las exportaciones formales si no se aplican medidas de control más estrictas.
En el primer semestre de 2015, la Sunat intervino 68,6 kilos de oro valorizados en 53,5 millones de soles, que pretendían salir del país bajo el régimen de exportación definitiva.
La entidad informó que esa cifra representa un incremento de 20% respecto al mismo periodo del año anterior. La incautación se sustentó en la inexistencia o incongruencia de información que acreditara el origen legal del mineral.
Desde 2021, la fiscalía logró la incautación, mediante procesos de extinción de dominio, de los 797 kilos mencionados, valorizados en más de 202 millones de soles. Las autoridades sostienen que estas acciones reflejan un mayor combate contra la minería ilegal.
Sin embargo, el volumen interceptado contrasta con la magnitud de este negocio ilegal.
El IPE calcula que el 44 % del oro ilícito exportado desde Sudamérica proviene del Perú. En 2023, la minería ilegal concentró el 41 % de todas las economías ilegales del país.
Para 2025, este sector casi duplicó el tamaño del resto de actividades ilícitas combinadas, como el tráfico de personas, el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal o las extorsiones.
La minería de oro ilegal no opera como una actividad aislada. Existe una cadena logística, financiera y comercial que la facilita. Parte del mineral se “legaliza” en plantas de procesamiento o empresas dentro del país antes de cruzar fronteras. Ese proceso dificulta los controles posteriores en los países de destino y diluye responsabilidades.
Etapas del negocio
Primero, la extracción en zonas donde muchas veces no existe autorización ambiental ni supervisión laboral. Luego, la compra por intermediarios que consolidan volúmenes y gestionan documentos. Después, el tránsito hacia plantas de procesamiento o exportadoras. En cada eslabón, el mineral puede mezclarse con producción formal.
La Sunat aplica controles bajo la Ley General de Aduanas y la Ley de Delitos Aduaneros. También trabaja con la Unidad de Inteligencia Financiera y utiliza estándares de la Organización Mundial de Aduanas para gestionar riesgos. Aun así, el volumen que logra detener representa una fracción mínima del total estimado.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) aparece como uno de los puntos críticos en este problema. Según el IPE, al menos 13 mil registros se ubican en áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas u otros espacios restringidos. Ese uso del registro permite que operaciones por fuera de la ley encuentren una cobertura administrativa temporal.
Mientras el negocio crece, el presupuesto destinado a la formalización minera se redujo en 60 % el este año. Las acciones de interdicción continúan concentrándose en operativos puntuales.
Expertos del IPE plantean reforzar la inteligencia criminal y financiera para identificar beneficiarios finales y cortar los flujos económicos.
El impacto fiscal
Si el país exporta más de 100 toneladas de oro ilegal en un año y solo incauta menos de una tonelada en cuatro años y medio, el margen de acción resulta limitado frente a la dimensión del comercio.
La minería ilegal afecta la recaudación tributaria, distorsiona la competencia con la minería formal y genera presión sobre ecosistemas y comunidades. También alimenta redes que operan con violencia y financian otras actividades ilícitas.
Las autoridades sostienen que intensificarán el control sobre las exportaciones de minerales. La Sunat trabaja con el Ministerio Público y la Policía para proteger la economía formal. El desafío radica en cerrar la brecha entre el tamaño del negocio y la capacidad de fiscalización.
Hoy, la estadística central resume la realidad; menos del 1% del oro ilegal estimado logra ser incautado. El resto circula, se procesa y se exporta como parte de un flujo que mueve miles de millones de dólares cada año.
